Claves de la causa del 8-M: ¿de qué se acusa a José Manuel Franco? ¿Por qué no está investigado Fernando Simón?

José Manuel Franco, a su llegada al juzgado
José Manuel Franco, a su llegada al juzgado
José Manuel Franco, a su llegada al juzgado

La investigación sobre el 8-M sigue adelante y este miércoles ha declarado como investigado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La juez Carmen Rodríguez-Medel ha decidido mantenerla abierta a pesar de los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. 

¿Qué investiga la causa del 8-M?

La investigación trata de dilucidar si José Manuel Franco permitió diversas concentraciones multitudinarias por la celebración del día Internacional de la Mujer el 8 de marzo pese a las advertencias del riesgo de contagio por el coronavirus que realizó el 2 de marzo el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades.

¿Cómo se originó?

El abogado Victor Valladares fue el que presentó el pasado 19 de marzo en los juzgados de Plaza de Castilla la denuncia que ha originado la causa que se instruye contra el delegado del Gobierno en Madrid. Valladares recuerda en su escrito que el primer positivo en España se registró en la Gomera el 1 de febrero de 2020, con más de un mes de anterioridad a las marchas del 8 de marzo. El 2 de marzo España ya registraba 114 casos de coronavirus, mientras que el propio 8 de marzo había 580 infectados.

¿De qué se acusa a José Manuel Franco?

El denunciante acusa al delegado del Gobierno en Madrid de prevaricación por permitir las marchas a sabiendas del riesgo de contagio debido a que su suspensión perjudicaría la imagen del Gobierno de coalición PSOE-Podemos. La denuncia por prevaricación adminitrativa está recogida en el artículo 404 del Código Penal, que establece una pena de 9 a 15 años de inhabilitación para aquella autoridad o funcionario público que “a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”.

¿Por qué no está investigado Fernando Simón?

La juez Carmen Rodríguez-Medel rechazó imputar al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, tal y como había solicitado el denunciante que dio origen a la causa. La magistrada insistió en que el caso 8-M se centra en las decisiones adoptadas por Franco. “Los únicos hechos investigados en este procedimiento hacen referencia a las decisiones tomadas por el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020”, ha dicho Rodríguez Medel.

¿Qué han dicho la Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado?

Tanto la Fiscalía Provincial de Madrid como la Abogacía del Estado han pedido a la magistrada Rodríguez-Medel que archive la causa. La Fiscalía ha considerado que Franco no prevaricó y que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la futura celebración de una manifestación no implica que haya podido cometer prevaricación. El ministerio público ha recordado, incluso, que las competencias en materia sanitarias correspondían a otras autoridades. Por su parte, los servicios jurídicos del Estado han acusado la juez Carmen Rodríguez-Medel y a la Guardia Civil de crear una “causa general” repleta de invenciones y apreciaciones subjetivas para investigar al Gobierno. La abogada del Estado jefa del área penal, Rosa María Seoane, Acusa a la magistrada de no practicar ninguna diligencia sino únicamente basarse en los informes de la Guardia Civil.

¿Por qué ha desestimado la juez archivar la causa?

En su resolución, de 17 páginas, la magistrada rechaza la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid. En concreto, asegura que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma, como alegaban la Abogacía y la Fiscalía. Por ello, "no puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada".

¿Qué tiene que ver esto con el cese del coronel Pérez de los Cobos?

La juez Carmen Rodríguez-Medel encargó a la unidad adscrita al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos la elaboración de un informe sobre las marchas del 8-M. Pérez de los Cobos ocultó al Gobierno el contenido del documento, que apunta a presuntas responsabilidades penales de Fernando Simón y José Manuel Franco por autorizar la manifestación del 8-M y otros actos en los que se concentraron miles de personas. Este hecho provocó el cese del coronel como máximo responsable de la Guardia Civil de Madrid.

¿Hay más informes que cuestionan el 8-M?

Sí. Hay dos informes del médico forense Julio Lorenzo Rego, adscrito al Juzgado de instrucción número 51, que cuestionan las marchas. En el segundo, fechado el 8 de junio, reprocha a las autoridades que faltó autoprotección de los ciudadanos que asistieron a manifestaciones como la del Día de la Mujer del 8 de marzo porque no se alertó del "gran riesgo" que existía de contagiar el coronavirus.

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